OEFA: el sector agrícola será prioridad durante este año
Por Eduardo Ramirez Patrón, Jefe del Área Ambiental y Recursos Hídricos de Araya & Cía. Abogados
Este año, las empresas del sector agrícola que se encuentran operando serán fiscalizadas –de manera sorpresiva– por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Esta entidad fiscalizadora peruana en materia ambiental, aprobó su plan anual de evaluación y fiscalización ambiental para el año 2023, poniendo el foco de fiscalización, supervisión y sanción en el rubro agrícola: un universo de, aproximadamente, 1 200 empresas y personas naturales.
Las empresas deberán demostrar a OEFA que vienen ejecutando sus actividades económicas, cumpliendo con las obligaciones medioambientales respectivas. Esto significa tener todos los instrumentos de gestión ambiental y sus modificaciones aprobados. En definitiva, se fiscalizará que se cumpla con la ley vigente.
En el caso de ser empresas que obtuvieron sus instrumentos de gestión ambiental cuando ya estaban operando, se observará si pudieron regularizar su situación acorde con las normas legales ambientales.
Las contingencias legales por no contar con los instrumentos de gestión ambiental o por incumplir los planes y condiciones ya aprobados, implican multas entre S/ 2 450 a S/ 147 000 000 dependiendo de la gravedad de la infracción. En casos de infracciones graves o muy graves, OEFA puede imponer medidas correctivas o cautelares tales como suspensión y clausura temporal o permanente de operaciones, plantas, actividades y establecimientos, así como decomiso de maquinarias y equipos industriales.
Por ello, es de suma urgencia que las empresas o personas naturales que realicen actividades en el sector agrícola cuenten con sus permisos ambientales al día, debidamente aprobados y en regla.
Frente a este escenario fiscalizatorio, es fundamental conocer de manera clara y anticipada el estado de su “matriz” de cumplimiento legal y administrativo, contando con la debida orientación legal.
La prevención en la actuación frente a las entidades fiscalizadoras es prioritaria con la finalidad de evitar multas o cualquier otro evento por incumplimiento, que pudiese perjudicar económicamente a los titulares agrícolas.
El objetivo de manejar herramientas de seguimiento y control en materia ambiental va a permitir que el riesgo legal en fiscalizaciones o auditorias posteriores disminuya, e incida en una mejora en el funcionamiento de los compromisos de sostenibilidad para todas las empresas del sector agrícola.
En Araya & Cía. Abogados contamos con más de 18 años de experiencia asesorando a las empresas del rubro. Reiteramos nuestro total compromiso de brindar orientación legal en materia ambiental a todos los involucrados del sector agrícola y, de esta manera, prevenir y evitar multas.