Durante más de dos décadas, el sector agrario ha sido uno de los pilares silenciosos del crecimiento económico peruano. La promulgación de la nueva Ley Agraria, vigente desde 2026, reabre el debate sobre el rol de los incentivos tributarios en la competitividad del país y plantea una pregunta clave: ¿está el Perú en condiciones de detonar un segundo boom agroexportador?
La reforma introduce cambios relevantes en el régimen tributario aplicable al sector, destacando la reducción de la tasa del Impuesto a la Renta empresarial al 15% para actividades agrarias, así como un conjunto de incentivos orientados a promover la inversión, la formalización y la integración de la cadena productiva. Estos ajustes buscan otorgar estabilidad normativa y previsibilidad en un sector altamente expuesto a riesgos climáticos, financieros y logísticos.
No es la primera vez que el país adopta este enfoque. A inicios de los años 2000, un régimen similar permitió transformar al Perú en un actor relevante en el comercio mundial de productos agrícolas, impulsando las exportaciones, generando empleo y dinamizando economías regionales. Sin embargo, aquella experiencia también evidenció limitaciones en términos de inclusión y distribución de beneficios, lo que derivó en su derogatoria en 2020.
La nueva Ley Agraria se presenta como una evolución de ese modelo. A diferencia del pasado, el énfasis ya no está únicamente en el beneficio tributario, sino en su correcta aplicación y en la coherencia entre la realidad económica del contribuyente y el régimen al que se acoge. En la práctica, ello implica que las empresas deben demostrar que su actividad principal, estructura de ingresos, costos productivos y régimen laboral se encuentran plenamente alineados con los requisitos legales.
Desde una perspectiva tributaria, el nuevo marco normativo introduce un cambio sustancial: el beneficio ya no se sostiene solo en la norma, sino en la capacidad de las empresas para sustentar técnicamente su operación. La deducción de gastos, el control de costos de producción, la acreditación de mermas y desmedros, así como las operaciones con partes vinculadas, se han convertido en focos de especial atención por parte de la Administración Tributaria.
Este enfoque responde a una tendencia clara de la SUNAT hacia una fiscalización más especializada y basada en cruces de información. En el sector agrario, ello se traduce en revisiones integrales que ya no se limitan a aspectos formales, sino que analizan la consistencia entre producción, exportaciones, resultados financieros y planillas laborales. En este contexto, la estabilidad normativa viene acompañada de mayores exigencias de cumplimiento sustancial.
Al mismo tiempo, la Ley incorpora incentivos relevantes para fomentar la inversión y la formalización. La depreciación acelerada en infraestructura hidráulica y obras de riego, así como los beneficios vinculados a la integración de pequeños productores a la cadena agroexportadora, buscan ampliar el impacto económico y social del sector. No obstante, estos beneficios requieren una planificación adecuada y mecanismos de control interno que permitan su correcta aplicación.
El debate actual —visible tanto en el ámbito empresarial como académico— gira en torno al equilibrio entre competitividad e inclusión. Mientras algunos cuestionan el impacto fiscal de la reducción de impuestos, otros destacan que, en un sector de márgenes ajustados y alta exposición al riesgo, la previsibilidad tributaria es un factor determinante para atraer inversión de largo plazo.
Lo cierto es que el éxito de la nueva Ley Agraria no dependerá exclusivamente de la tasa del Impuesto a la Renta, sino de la capacidad del sector para demostrar resultados concretos en inversión, empleo formal y desarrollo regional, así como de la consistencia del Estado en mantener reglas claras y estables.
El nuevo Régimen Agrario abre una ventana de oportunidad para el sector, pero también redefine las reglas del juego. Hoy, no basta con estar dentro del régimen: es imprescindible poder defenderlo. En este contexto, las empresas que adopten una gestión tributaria, laboral y operativa sólida, consistente y anticipada estarán en condiciones de transformar el beneficio normativo en una verdadera ventaja competitiva; las demás, asumirán el riesgo de ver ese beneficio cuestionado.
Olga Sánchez C.
Gerente General Araya & Cía.
